Fichados a cambio de una plaza, pero privados de ella: el agujero de la estabilización de los contratos Ramón y Cajal

Cuando Lourdes Monterrubio terminó su contrato Marie Curie en París y solicitó un contrato Ramón y Cajal con la Universitat Pompeu Fabra, no imaginaba lo que acabaría sucediendo. Esta investigadora en estudios de cine ya tenía relación con la UPF y había colaborado con ella en dos proyectos. Acordaron que se incorporaría con un contrato de la convocatoria de 2022, uno de los más prestigiosos del sistema universitario español: dura cinco años y obliga por ley a la universidad de acogida a crear una plaza permanente tras su finalización. Pero su universidad, como otras, no quiere cumplir ese requisito.

Seguir leyendo